Tiempos de violencia y tragedia. Los hechos de Ciudad Juárez y Torreón —y los que se acumulan día con día— muestran la magnitud de la descomposición que se padece. Elemental torpeza la reacción del gobierno federal en Chihuahua, como ayer apuntaba Carlos Puig con rigurosa precisión en este mismo espacio. En su respuesta inicial, las víctimas eran bajas colaterales de una guerra que se está ganando. Al menos el gobernador Reyes Baeza dio la cara y acompañó a los deudos.

En otro espacio sobre el mismo tema, el gobierno federal no pudo documentar el caso judicial contra funcionarios electos de Michoacán, ya aprehendidos. Cuando la ley poco importa no existen consecuencias mayores por una falla de tal magnitud. Lo que es peor, quienes encabezan el gobierno no expresan culpa, porque tienen la convicción de que en los liberados hay responsabilidad, pero no hubo capacidad para construir el caso; “liberados con las reservas de ley”, como suelen decir. Lo peor de todo es que pudiera ser cierto. Aún así, deben considerarse inocentes, ya que por razones de elemental civilidad, sólo puede haber culpa penal a través de los procedimientos formales. La presunción de inocencia no es un principio menor ni en desuso.

Los padres de los muchachos asesinados merecen disculpa. Es imperdonable que se haya dejado correr al inicio la idea de que las víctimas tenían de algún modo relación con actividades o grupos criminales. No fue un error el injusto señalamiento, es la consecuencia de la guerra que se inventó el gobierno y la consecuente impunidad e inmunidad que se arrogó. Cierto es que se enfrenta a un problema pernicioso, peligroso y violento en extremo, pero nada hay que pruebe que esté dando buenos resultados la estrategia en marcha.

Las muertes aumentan, las drogas invaden espacios públicos estratégicos, las personas con adicción a drogas fuertes van en un muy acelerado incremento, los grupos criminales vinculados al narcotráfico diversifican sus actividades y fortalecen su capacidad económica, las revelaciones de colusión de policías con criminales es nota diaria, capos caen pero también otros surgen como hongos. En importantes zonas del país la sociedad ha perdido tranquilidad y confianza; también se le ha despojado del derecho a exigir un cambio sobre lo que no está funcionando.

El Ejército mexicano ha salido a dar la cara por la impotencia de las autoridades frente al crimen. La intervención de las fuerzas armadas no es la solución, sino la evidencia del fracaso del mando civil en la lucha contra el delito. El Congreso ha sido omiso en la aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Cierto que el deterioro de la seguridad no es de ahora, pero no se puede andar con la vista vuelta atrás, la mochila cargada de reclamos, por lo que no se hizo o no se está haciendo y, a su vez, eludiendo las reformas que deben concretarse.

Es urgente que los políticos —empezando por el Presidente y los líderes parlamentarios y partidistas— den respuesta al sentimiento de abandono e impotencia que invade a la sociedad en los territorios y en las actividades donde el crimen organizado tiene una mayor incidencia. No hay tiempo que perder porque los costos del remedio van en aumento. Es obligada una reflexión honesta, seria, sobre lo que debe hacerse. Entender al delito en su economía, en su realidad social, en sus condiciones de existencia y eficacia para así poder actuar con mayor acierto, en especial, impactando sus causas.

El gobierno del presidente Calderón no se equivocó en su determinación y energía frente al narcotráfico. Más que acierto era necesidad impostergable. El error estuvo en el diagnóstico y, por lo mismo, en la estrategia. El voluntarismo —común en este gobierno— conduce a error y niega la autocrítica, indispensable para las correcciones que requiere toda estrategia o política pública. El método se vuelve dogma, la intolerancia se impone no sólo a la crítica, también a la evaluación de los resultados. Se inventan respuestas a toda evidencia comprometedora y se tergiversan los hechos para acomodarlos al argumento.

La lógica de guerra debe abandonarse. En su lugar debe estar la responsabilidad compartida de hacer valer al Estado de Derecho. Actuar con inteligencia y centrar los esfuerzos institucionales en las luchas concretas que sí se pueden ganar en esta difícil y muy compleja batalla. Abatir la impunidad debe ser la premisa de este nuevo empeño; para ello es menester una relación distinta con la sociedad, para así revertir la enorme desconfianza de las personas con las leyes y las instituciones que las hacen valer. Se trata de generar un sentimiento y un compromiso por hacer sentir, motivar y convencer que la lucha contra el delito es de todos.

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